La Comisión Europea ha enviado un dictamen motivado al Gobierno para instarle a completar la transposición a la legislación nacional de las reglas comunitarias para la protección de los trabajadores frente a los riesgos de la exposición al amianto; un ajuste que si no cumple llevará a Bruselas a llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y solicitar una multa contra España.
Se trata de la segunda fase de un expediente de infracción que el Ejecutivo comunitario mantiene también abierto contra Chipre, Países Bajos, Polonia y Eslovaquia por no haber notificado las medidas que transponen plenamente la normativa comunitaria en el plazo establecido, que expiró en diciembre de 2021 -aunque para algunas disposiciones tienen hasta 2029-.
Según recuerdan los servicios comunitarios en un comunicado, el amianto es una sustancia cancerígena peligrosa, a la que se atribuye alrededor del 75% de los cánceres laborales en la UE.
En este contexto, la directiva para la protección de los trabajadores establece normas para mejorar la protección de los trabajadores contra esta sustancia peligrosa. Entre las disposiciones que deberían estar ya integradas en las leyes nacionales figura una reducción del límite de exposición al amianto durante el trabajo a una décima parte del valor anterior (de 0,1 a 0,01 fibras por centímetro cúbico), en base a los últimos avances científicos y tecnológicos.
El expediente se remonta a enero de 2026, cuando Bruselas envió cartas de emplazamiento a una decena de países. Desde entonces, cuatro países actuaron para resolver el incumplimiento, pero otros seis, entre ellos España, siguen sin dar respuesta a los cambios reclamados por los servicios comunitarios.
Con este paso, se abre ahora un periodo de dos meses para que las autoridades tomen las “medidas necesarias” y, “de no hacerlo, la Comisión podría optar por remitir los asuntos al Tribunal de Justicia de la Unión Europea y solicitar que se les impongan sanciones financieras”.
