El Gobierno suaviza algunos aspectos del proyecto de Real Decreto para regular los centros de datos, con un nuevo texto que, tras el fuerte rechazo de varias patronales, introduce varios cambios en la exigencia más contestada, los requisitos de consumo de energía renovable cada hora, que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) pidió flexibilizar.
Con el nuevo texto, los centros de proceso de datos (CPD) con más de 10 megavatios (MW) de potencia eléctrica (antes el umbral era de solo 1 MW) seguirán obligados a consumir mayoritariamente energía limpia hasta que el mix del país sea un 90%, mediante autoconsumo o contratos de suministro a largo plazo (PPA). Pero habrá posibilidad de adaptarse.
Los CPD podrán justificar desde el primer momento el 80% de consumo renovable hora a hora que exigía la propuesta que salió a consulta en agosto. Pero también podrán acogerse a un periodo transitorio de cinco años, como máximo, desde la entrada en vigor de la norma, con requisitos algo más laxos, según una nueva disposición transitoria en el decreto.
Así, hasta el 31 de diciembre de 2028 bastará con un porcentaje de renovables del 60% y solo en las horas punta (las de más consumo y más caras) de su nivel de tensión. Pasado ese plazo, y hasta el final de ese periodo transitorio, el porcentaje será del 70%, tanto en horas punta como en llano.
A cambio, los CPD que se acojan a esa dispensa estarán obligados a participar en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), un mecanismo voluntario que gestiona Red Eléctrica de España (REE) para desconectar o reducir de forma automática la potencia de instalaciones de generación renovable, bombeo o almacenamiento cuando se detecta una situación de congestión o fallo en tiempo real en la red eléctrica. En el caso de los CPD acogidos a esa disposición transitoria, el operador del sistema eléctrico podrá desconectarlos de forma automática en caso de necesidad, sin recibir una retribución a cambio, y serán la primera tipología de instalaciones en ser desconectadas.
El objetivo es mitigar el impacto de una posible avalancha de CPD en el margen de cobertura del sistema eléctrico y en los precios de la luz, vista la experiencia de otros países, y dado que estas instalaciones tienen una demanda plana y constante, lo que puede agravar los consumos en las horas punta, cuando se ha ido el sol. El argumento del Ejecutivo es que si añadir nueva demanda tiene un coste, este debe asumirlo el nuevo entrante, y no el resto de consumidores. Con este marco, los centros de datos deberán evaluar si sus sistemas de respaldo o baterías son suficientes o tienen que dimensionar más la instalación. El Gobierno defiende que la posibilidad de que les corten el suministro puede no ser tan crítica en función del tipo de centro y los servicios que presten.
El Ejecutivo ha remitido este lunes el nuevo texto al Consejo de Estado, tras analizar más de 600 alegaciones y el informe preceptivo de la CNMC. El Ejecutivo tiene muy presentes los avisos en Irlanda, que está tomando medidas urgentes ante el riesgo de apagones por culpa de estas instalaciones, que allí tienen un peso desproporcionado en su consumo eléctrico.
El nuevo borrador explica que esta nueva demanda “compite, además, por una capacidad de red ya limitada con la de los proyectos industriales vinculados a la descarbonización y a la creación de nuevas capacidades industriales”. Otra novedad es que permite a los centros de datos contratar su electricidad con instalaciones más antiguas que en el texto original: aquellas operativas desde 36 meses antes de su puesta en marcha del CPD, el doble de tiempo que en la propuesta original.
Además, en el caso de la fotovoltaica, ese límite se elimina. La medida persigue mitigar los denominados vertidos, la energía renovable que se desperdicia actualmente en las horas de más sol porque no hay suficiente demanda.
Otra novedad es que los contratos de suministro renovable deberán tener al menos seis años de duración, frente a los diez años que recogía la propuesta original. Y se aclara el suministro con almacenamiento, que queda incluido en el cómputo si esa electricidad tiene origen limpio.
El Gobierno quiere aprobar el decreto antes de las elecciones del próximo 29 de noviembre. Si el dictamen del Consejo de Estado no estuviera listo a tiempo, no descarta hacerlo después de los comicios y ya en funciones. En este caso, habría que pedir un informe de la Abogacía del Estado que justificara que es una medida necesaria para el interés general.
Más penalizaciones
El nuevo borrador endurece y gradúa mucho más los recargos por incumplir la correlación horaria con renovables. Frente a la escala anterior de tres tramos, introduce cinco y eleva notablemente las penalizaciones en los peajes y los cargos (parte regulada del recibo) para incumplimientos elevados.
El nuevo texto también prevé un régimen específico para los centros de datos que formen parte de iniciativas de la UE cuya finalidad principal sea reforzar la soberanía digital europea, como las factorías y gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores, incluidos los proyectos presentados por el Gobierno de España a sus convocatorias.
Estos centros no quedan exentos de los requisitos de eficiencia y de energía renovable. “Se les aplican con especialidades, por fases y durante un plazo limitado, tras el cual quedan sujetos al régimen general”, dice el texto. Para acogerse a este régimen deben acreditar que la infraestructura activa, es decir, los servidores y equipos de cómputo, está bajo control europeo, conforme a los criterios de las bases de la convocatoria correspondiente. La explotación técnica de esos equipos puede encomendarse a un tercero, siempre que la dirección de la explotación siga en manos de la entidad europea. Respecto de la infraestructura pasiva, basta con que su titular no tenga acceso a los datos ni control sobre la operación de los equipos.
Atendiendo a las tensiones hídricas en España, los centros de datos tendrán que cumplir con los niveles del etiquetado europeo relativos al consumo de agua (WUE). En el caso de la eficiencia energética, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establecerá una metodología que exija la aplicación de la tecnología más eficiente en función de las distintas zonas climáticas del país para garantizar el mínimo consumo de agua en todos los casos.
Aquí se establece un plazo de seis meses de adaptación desde la puesta en marcha de los CPD para cumplir estos requisitos.
Por otro lado, el indicador PUE (Power Usage Effectiveness), que mide la eficiencia energética de un centro de datos, se ha relajado ligeramente y pasa de 1,15 a 1,25 (cuanto más cerca de 1, menos energía adicional consume la infraestructura para refrigeración y otros servicios respecto a la que utilizan los equipos informáticos).
El Ejecutivo subraya que la nueva propuesta mantiene la ambición general del primer texto pero con mejoras técnicas, tras las decenas de miles de páginas recibidas en las alegaciones. Recuerda que otros países están preparando normativas para garantizar un desarrollo ordenado y sostenible de los CPD, aunque la propuesta española es la más ambiciosa y garantista hasta la fecha, según el Gobierno.
Fuentes del Ejecutivo rechazan que imponer condiciones a los CPD más duras que al resto de instalaciones sea discriminatorio, por tratarse de una demanda distinta a cualquier otra. Defienden que por ejemplo el hidrógeno renovable (que ya tiene criterios de adicionalidad de renovables y correlación) es muy sensible a precio y lo normal es que nunca consuma en horas punta porque compite con el hidrógeno gris, cuya demanda puede desplazar además.
Además, ningún otro tipo de demanda ha solicitado tanto acceso a la red eléctrica como los CPD, con 12 gigavatios (GW) ya concedidos, de los que el propio sector solo ve viable que se construyan entre 2 y 4 GW. El resto serían peticiones duplicadas o especulativas.
En lo relativo a la soberanía digital, el nuevo borrador introduce algunas modificaciones, con requisitos para el alojamiento de ciertos sistemas de información vinculados a la Administración Pública.
Se vincula ese nivel de protección con la categoría de datos del esquema nacional de seguridad de criterio “alto”, cuya brecha supone un impacto significativo en el sistema, porque una vulneración o indisponibilidad genera un impacto muy grave sobre la seguridad nacional, las infraestructuras críticas, la salud de las personas o los derechos de los ciudadanos. Además, se exceptúan los metadatos y los datos de telemetría de esas obligaciones de soberanía digital.
Una de las cuestiones que no se ha incluido (solicitada por grupos ecologistas) era la prohibición de ubicar CPD cerca de viviendas. Entre otras cuestiones, por temor a que invada competencias autonómicas.
